Paraguay, una isla rodeada de (capital muerto)

Uno de los más graves problemas del subdesarrollo en Latinoamérica, en general -y Paraguay, en específico-, no es la ausencia de capital (tierra y activos), sino más bien el sistema legal sobre el que dicho capital descansa: el derecho de propiedad

Ricardo Brugada, o popularmente conocido como “la Chacarita”, es uno de los barrios más antiguos de Asunción. Fue bautizado de esta forma a raíz de la vida del periodista y escritor paraguayo que llevaba el mismo nombre.

 

Este barrio es actualmente uno de los más marginados e informales de nuestra capital; por no decir uno de lo más peligrosos. Con una reputación vinculada con la delincuencia juvenil, drogadicción y crimen, representa uno de los casos más emblemáticos de los problemas socioeconómicos que agobian a nuestro país.

 

Al pasar por este barrio, es fácil advertir el aspecto de las residencias construidas a base de chapa y madera terciada. Pero además de las particulares estructuras de bajo costo, llama la atención que, en varios de estos hogares, se divisan algunas antenas satelitales de compañías telefónicas instaladas. Sí, leyó bien. El acceso a televisión por cable e internet no es un problema para uno de los barrios más pobres de Asunción[1].

 

A ver… ¿cómo se explica este fenómeno?

 

Si los habitantes de este barrio pueden darse “el lujo” de tener acceso a cable e internet, ¿por qué no viven en mejores condiciones? ¿Es acaso una prioridad esencial el tener acceso a estas herramientas por sobre la necesidad de una casa segura y digna?

 

La respuesta a esta pregunta es rotundamente negativa.

 

El desfasaje sobre las prioridades que se percibe en este barrio tiene un profundo arraigo institucional que explica una gran parte de los problemas que tiene nuestro país, y que lo arrastra a seguir en el subdesarrollo: el acceso a los beneficios económicos del capital.

 

A este problema aplica la expresión -elocuentemente- publicada por el ilustre Augusto Roa Bastos en el año 1977: “Paraguay, una isla rodeada de tierra”[2].

 

Si bien Roa Bastos hacía una denuncia sobre los vicios socioculturales y las limitaciones geográficas de nuestro país, esta cita nos lleva a considerar la situación que aquejaba al célebre escritor y también a la tierra en sí (o más bien, la propiedad) y sus múltiples beneficios. Ambas situaciones están relacionadas, como veremos. En un contexto jurídico y económico, pues, la tierra es un recurso valioso para salir de la pobreza y de nuestro aislamiento sociocultural. Pero únicamente, si se la “capitaliza” adecuadamente. De lo contrario, termina siendo capital muerto.

 

“El Misterio del Capital”

 

El problema del capital muerto fue extensa y talentosamente abordado por Hernán de Soto, economista peruano, autor de “El Misterio del Capital”, en el que explica que en realidad uno de los más graves problemas del subdesarrollo en Latinoamérica, en general -y Paraguay, en específico-, no es la ausencia de capital (tierra y activos), sino más bien el sistema legal sobre el que dicho capital descansa: el derecho de propiedad.

 

De Soto explica que la propiedad es un sistema de representación sobre los derechos, obligaciones, y beneficios que conlleva la posesión de bienes. Y este sistema de representación, para que surta efecto, debe venir necesariamente de la mano de un esquema de derechos bien definidos a través de una estructura registral que permita a terceros, al mercado, tener una noción clara de quién es dueño de qué. Sin reglas claras, sin el formalismo necesario, la tierra y los activos son capital muerto.

 

Pero, ¿qué significa capital muerto? Después de todo, la posesión de tierras y activos ofrece sus frutos como la cosecha, la vivienda, y en el caso de “la Cacharita”, incluso el acceso a internet. El problema, en la visión contemplada por de Soto es que la verdadera riqueza del capital no se encuentra en lo que es, sino en lo que podría ser: el acceso a crédito, a servicios públicos, a la protección jurídica estatal, etc. Este es el misterio del capital. El sistema de representación sobre los activos, que le permiten llevar una vida paralela, que ofrece la plataforma ideal para aumentar la productividad y el desarrollo.

 

Vayamos a un ejemplo sencillo. Un campesino, fuera de la economía formal, posee una porción de tierra que la utiliza para el hogar de su familia, así como para la producción que le da subsistencia: alimento y posibilidad de ganancias con la venta de sus productos. Ahora bien, si el campesino estuviera interesado en aumentar su productividad y prosperar, necesitaría acceso a un crédito para obtener más recursos. Esta posibilidad, sin embargo, le está vedada, ya que no tiene el título de la propiedad para hipotecarla y así garantizar un préstamo.

 

A escala, lo mismo ocurre con los limpiavidrios, vendedores ambulantes (¿alguna vez se preguntó cuánto gana un vendedor ambulante por mes?), y un sinfín de trabajadores informales que no tiene la posibilidad de “capitalizar” sus ingresos dentro de la economía formal, con una consecuente fuga de capacidad económica y de desarrollo, tanto individual como colectiva. Los agentes económicos con recursos, pero fuera del sistema legal, tienen capital con un potencial limitado, que impide aumentar la productividad y desarrollar riqueza. Un sistema sin derechos de propiedad bien definidos es un sistema que distorsiona el potencial del capital, hasta volverlo inútil.

 

El caso de “la Cacharita” es un claro ejemplo de personas con recursos, pero fuera del sistema legal, que tienen la capacidad económica para abonar un servicio mensual de internet, pero que carece de la aptitud legal para formalizar la titularidad de su vivienda, acceder a crédito, seguridad social, servicios públicos (con sus errores y aciertos), y muchos otros beneficios más que pasan de largo.

 

Solo para tener un panorama más claro de cuán grave es esta situación en el país, Pro Desarrollo Paraguay, una organización sin fines de lucro, anualmente realiza un estudio sobre la economía informal en el país, cuantificándola en razón del PIB nacional. En el último reporte, la entidad identificó que la economía informal o subterránea alcanza la astronómica cifra de US$. 16.647 millones, lo que equivale al 42,7 % del PIB[3]. Casi la mitad de lo que producimos formalmente se encuentra enterrado en un sistema informal. ¿Qué pasaría si pudiéramos explotar este potencial?

 

Ante este trágico escenario, ¿cuál es la solución?

 

A excepción de los criminales, contrabandistas y narcotraficantes, pues, los trabajadores informales están excluidos del sistema legal no por una de falta de interés, sino por un problema de costos. Ser un trabajador formal es extremadamente costoso y burocrático. Al final de cuentas todos quieren acceder a salud, educación, financiación. La solución a este problema es reducir “los costos de transacción” de la compleja burocratización existente. Para que esto ocurra, para que los informales estén bajo el amparo legal del Estado, paradójicamente, necesitamos menos Estado.

 

Para que los informales puedan acceder al sistema legal necesitamos reducir los costos de formalización, los costos registrales, los trámites burocráticos. En síntesis, necesitamos disminuir el tamaño del aparato estatal, y reemplazarlo por una estructura eficiente, con la eliminación de la burocracia innecesaria. Una alternativa al alcance actualmente -aunque no la única-, es la incorporación de tecnología a la gestión pública, a fin de simplificar los procesos y eliminar formalismos excesivos. Esto tendrá como resultado la reducción de tiempos y costos, sin contar con los beneficios en términos de transparencia. Únicamente de esta manera el vendedor ambulante podrá emitir facturas, el emprendedor de una MIPYME podrá asegurar a sus empleados en IPS, y el campesino tendrá acceso al crédito para aumentar su producción.

 

Solo de esta forma Paraguay podrá dejar de ser una isla rodeada de tierra, desconectada de la región y del mundo, para finalmente convertirse en una atractiva isla, rodeada de prosperidad.

 

Sobre el autor: Abogado, Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. Socio en Mersán Abogados. Máster en Derecho de la Empresa, Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. LL.M., University of Chicago. Profesor de la cátedra de Análisis Económico del Derecho, Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” y miembro fundador del Instituto Paraguayo de Derecho y Economía (IPDE).

[1] Puede ver algunos de los paisajes descriptos en estos sitios web: 1) http://politicalparaguay.com/grupo-frances-cambia-sonido-la-pobreza-barrio-asuncion/; 2) https://www.efe.com/efe/america/sociedad/suben-a-12-800-las-familias-afectadas-por-inundaciones-que-llegan-asuncion/20000013-3942218

[2] Roa Bastos, Augusto. “Paraguay, una isla rodeada de tierra”. El Correo de la UNESCO, 1977. Acceso al artículo en el siguiente link: http://www.lacult.unesco.org/docc/oralidad_06_07_56-59-paraguay.pdf

[3] Para más información acceder al portal web: https://www.ultimahora.com/la-economia-negro-aumento-usd-16647-millones-el-2019-n2913630.html

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Tomás Mersán

Tomás Mersán

Abogado, Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. Socio en Mersán Abogados. Máster en Derecho de la Empresa, Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. LL.M., University of Chicago. Profesor de la cátedra de Análisis Económico del Derecho, Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” y miembro fundador del Instituto Paraguayo de Derecho y Economía (IPDE).

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